Instalar el tema del agua al más alto nivel de prioridad en la agenda nacional y en los compromisos y acciones de todos los órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores sociales, productivos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Articular alianzas estratégicas y acciones conjuntas para transformar el rumbo del sector hídrico mexicano y apoyar un proceso de reforma sectorial que logre establecer una nueva forma de administración y gestión del agua más democrática, justa, equitativa, inclusiva, funcional y corresponsable.

Habilitar un proceso de diálogo abierto, inclusivo y participativo para discutir principios éticos generales – una Carta de Principios– que servirán para alimentar el diseño institucional del Programa Nacional Hídrico y la reformulación de la nueva Ley de Aguas Nacionales.